Esta Ley tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible basado en la mejora de la competitividad, estabilidad en las finanzas públicas, fomento de la capacidad innovadora de la empresas, ahorro y eficiencia energética, promoción de energías limpias, eficaz tratamiento de los residuos y reducción de emisiones, fomento del transporte y movilidad sostenible mediante el vehículo eléctrico e híbrido, racionalización de la construcción residencial e impulso a este sector desde la perspectiva de la rehabilitación y el fortalecimiento y garantía del Estado social.
Las principales novedades introducidas por esta ley son la introducción de reformas en el sector público orientadas a garantizar un entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de la economía española, mejorando la calidad de la regulación con especial atención a la transparencia y a la evolución previa y posterior de las iniciativas; reforma los organismos reguladores, como la CNE, reduciendo el número de miembros de los Consejos con el fin de mejorar la gobernanza de las instituciones.
Por otro lado, introduce reformas para mejorar la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad del modelo energético, insta al Gobierno a aprobar planes de ahorro y eficiencia energética, planificación energética y adopción de medidas que permitan alcanzar una reducción de la demanda energía primaria coherente con los objetivos europeos del 20%.
