El Energy Policy Research Group de la Universidad de Cambridge ha publicado el documento de trabajo “Reforming UK Energy Policy to Live Within Its Means” donde estudia el impacto de ciertas medidas de apoyo a la reducción de emisiones de carbono establecidas en Gran Bretaña, que han excedido el coste contemplado inicialmente. Según los autores, la falta de pensamiento estratégico a largo plazo a la hora de fijar programas de impuestos, ayudas y subvenciones ha desembocado en un desequilibrio entre ingresos y gastos. En el documento se exponen diferentes principios de economía y de finanzas públicas que ayudan a orientar en la reforma de impuestos y apoyos asignados a la energía, en concreto la eléctrica.
El apoyo a la generación eléctrica de cero emisiones ha crecido rápidamente en los últimos años, pasando de suponer £992 millones en 2007-08 a £3.138 millones en 2013-14 y con una proyección 2020-21 de £9.100 millones. Este aumento se atribuye primordialmente al coste que suponen los apoyos del esquema Feed-in Tariff y el de Obligación de Renovables (RO, Renewables Obligation en inglés).
Ante el significativo crecimiento del coste de mantener dichas políticas de apoyo, se argumenta la necesidad de terminar con los esquemas Feed-in Tariff y el de Obligación de Renovables remplazándolos por el mecanismo de subastas de Contratos por diferencia (en inglés Contract for difference, CFD), que han demostrado ser una exitosa forma de reducir los costes de financiación destinada a las energías renovables. Asimismo se defiende el desarrollo de un banco estatal de desarrollo que permita levantar capital privado y abarate el acceso a la financiación barata para las inversiones bajas en carbono.
Por otra parte, recomienda que se imponga sobre la energía (electricidad y gas) una tasa estándar de IVA, y que todos los cargos con fines ambientales (mitigación del cambio climático, la I + D y el apoyo de despliegue) sean financiados con cargo a los impuestos generales (cuyos ingresos aumentarían al elevar el IVA en la energía del 5 % al 20 %). Esto permitiría recuperar la competitividad y evitaría distorsionar la producción por los cargos de recaudación de ingresos. Finalmente, defiende que el Precio del Soporte de Carbono deba ser reintegrado en su trayectoria original, mientras que su negativo impacto sobre la competitividad sería compensado por la eliminación de las cargas medioambientales mencionada.
