2.1. Normativa básica comunitaria

2.1. Normativa básica comunitaria

La energía en los tratados de la Unión Europea. A pesar de que la energía no estaba incluida en el Tratado de la UE, se vio la necesidad de coordinar acciones a nivel europeo para resolver los problemas comunes a los que se enfrentaba Europa en cuanto al cambio climático y a la energía.

A partir de ese momento, la energía estuvo presente en dos de los tres Tratados Constitutivos de lo que hoy es la Unión Europea (UE). En 1951 se firmó el Tratado CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) que expiró en 2002. Posteriormente, en 1957 se firmaron el Tratado de Roma con objetivos políticos y que ha tenido sucesivas reformas hasta el actual Tratado de Lisboa[3], y el Tratado EURATOM de la Comunidad de la Energía Atómica[4]. En enero de 2007, la Comisión Europea presentó una comunicación denominada “Una política energética para Europa[5]” en la que se establecían las líneas generales de la política energética comunitaria de forma que se garantizase el acceso a una energía sostenible, segura y competitiva (ver Insostenibilidad del sistema energético y vías de solución).

El objetivo general establecido era que se negociara a nivel mundial el conseguir una reducción de gases de efecto invernadero en los países desarrollados del 30% en 2020, comprometiéndose en cualquier caso, a que en la UE dicha reducción sea como mínimo del 20%. La comunicación incluía un Plan de Acción con diez medidas concretas así como dos objetivos adicionales para 2020: lograr que el 20% del consumo de energía final se hiciera con energías renovables y que se lograra una mejora de la eficiencia energética del 20% (son los denominados “objetivos del 20-20-20”).

La propuesta de la Comisión Europea fue aprobada por el Consejo Europeo en marzo de 2007 y ha dado lugar a una serie de iniciativas regulatorias encaminadas a lograr los objetivos propuestos.

Además, con base a estos objetivos, aparece en octubre de 2014 el Marco sobre Clima y Energía para 2030, con unos objetivos principales iguales que para 2020 pero con valores más ambiciosos.

Sin embargo, hay que destacar que, aparte de los temas específicos sobre el carbón y la energía nuclear recogidos en estos Tratados, la “política energética” en términos generales no ha estado nunca incluida en los ámbitos de competencia comunitaria, salvo en el actual Tratado de Lisboa que entró en vigor en enero de 2010. En consecuencia, la política energética ha estado siempre dentro del ámbito de competencia de los Estados miembros.

No obstante, la UE ha venido actuando en materia energética de forma indirecta, a través de otras políticas en las que sí tiene competencias, principalmente a través de las políticas de mercado común y de las medioambientales.

Como se ha indicado antes, la situación ha cambiado con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que establece competencias comunitarias en el caso de dificultades graves en el suministro energético así como a la hora de definir una política energética basada en la solidaridad entre Estados miembros y cubriendo aspectos tales como:

  • Garantizar el funcionamiento del mercado de la energía.
  • Garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión.
  • Fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables.
  • Fomentar la interconexión de las redes energéticas.

Para 2030, los objetivos fundamentales que se persiguen en el marco de Clima y Energía son:

  • Objetivo vinculante de reducción de las emisiones de la UE, al menos el 40% en relación a niveles de 1990.
  • Objetivo vinculante a la escala europea para impulsar que las energías renovables representen al menos el 27% del consumo de energía final de la UE en 2030.
  • Objetivo de ahorro energético indicativo del 27%.

La normativa energética comunitariaSe hace a continuación una breve descripción de la principal normativa europea que tiene repercusiones en el funcionamiento del sector energético, agrupándola por grandes temas generales.

Normativa sobre los mercados interiores de gas y electricidad[6]: se basa en el principio de la libre circulación de mercancías y de la constitución del mercado único. Su objetivo principal es constituir un mercado único comunitario para el gas y la electricidad de forma que cualquier consumidor de cualquier país comunitario pueda contratar el suministro con cualquier suministrador europeo. El objetivo final es conseguir una mejora de la eficiencia con lo que en definitiva mejorará la competitividad de las empresas europeas (ver El proceso de liberalización de los sectores energéticos).

Para conseguirlo, en el caso de la electricidad establece la libertad de instalación en la actividad de generación. El funcionamiento de esta actividad se hace en base a un mercado mayorista que se rige por el principio de la oferta (generadores) y la demanda (comercializadores y consumidores finales) (ver El proceso de liberalización de los sectores energéticos). El consumidor final puede elegir libremente entre las ofertas que les ofrecen los comercializadores (ver Formación de precios en el mercado mayorista diario de electricidad). La actividad de redes, queda regulada y sometida al principio de libre acceso de terceros a la red (ver Actividades reguladas en el sector eléctrico). En el caso del gas, la situación es semejante con las salvedades propias de cada tipo de energía: casi no hay actividad de generación (producción de gas natural), pero existen instalaciones de importación de GNL y posibilidad de almacenamiento (ver La cadena de valor del gas natural).

Las primeras directivas sobre electricidad (1996) y gas (1998) propiciaron el cambio desde el modelo regulado que existía hasta entonces, al de mercado. Como el cambio era significativo, en aquel momento sólo se planteó una liberalización parcial del mercado de los clientes finales.

Pronto se vio que la liberalización se había quedado corta, ya que en el proceso de trasposición de las directivas a normativa nacional, la mayor parte de los países iban más allá de lo que la propia directiva establecía. Por ello, el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 acordó avanzar en los procesos de liberalización de los mercados energéticos y, en marzo de 2001, la Comisión Europea presentó dos propuestas de directiva que modificaban sustancialmente las anteriores. También presentó un reglamento de acceso a las interconexiones para el comercio transfronterizo de electricidad, ya que se había visto su necesidad si se querían aumentar los intercambios entre los países. El conjunto legislativo se aprobó en 2003 (Directiva 2003/54/CE[7] relativa a la electricidad y Directiva 2003/55/CE[8] relativa al gas).

Cada una de las Directivas tiene como objetivo el establecimiento de normas comunes en materia de generación, almacenamiento, transporte, distribución y suministro de electricidad y gas natural respectivamente, definiendo también las obligaciones de servicio universal, los derechos de los consumidores y las obligaciones en materia de competencia. Las normas persiguen la consecución de unos mercados de electricidad y gas competitivos, seguros y sostenibles medioambientalmente.

No obstante, el impulso dado por esta nueva normativa no fue suficiente para conseguir el objetivo final de constituir un “mercado único” europeo para los sectores del gas y electricidad. En un informe de seguimiento de la Comisión Europea de 2007 se señalaban los problemas principales: poca integración de los mercados nacionales, alta concentración que impide la competencia, integración vertical entre las actividades de redes y las liberalizadas, pocas competencias de los reguladores nacionales y necesidad de aumentar la protección a los consumidores (ver Competencia en el mercado eléctrico).

Para resolver estos problemas, en septiembre de 2007, la Comisión presentó unas nuevas propuestas, conocidas como el Tercer Paquete legislativo, que tras la tramitación fueron publicadas en agosto de 2009 y entraron en vigor en 2011, la Directiva 2009/72/CE[9] para el sector eléctrico y Directiva la 2009/73/CE [10]para el sector gasista, (ver Normativa básica comunitaria).

En noviembre de 2012, el Council of European Energy Regulators (CEER) publicó un informe en el que se analizaba el grado de implementación en los Estados miembro de los derechos de los consumidores domésticos recogidos en este Tercer Paquete legislativo (Tabla 2‑1). En él, se examina el grado en el que las disposiciones sobre clientes y mercado minorista del Tercer Paquete han sido implementadas hasta enero de 2012 y cómo han sido interpretadas por los diferentes Estados miembro.

Tabla 2‑1. Principales conclusiones del informe de la CEER.
Fuente: CEER y elaboración propia.

Normativa sobre seguridad de suministro: por su importancia vital para el desarrollo económico, garantizar el suministro tanto de electricidad como de gas, es uno de los objetivos principales de la política de cualquier país. También la UE ha elaborado normativa específica para garantizar este suministro (ver Seguridad de suministro).

Más concretamente, la UE tiene una alta dependencia de gas, teniendo que importarlo de fuentes, o a través de instalaciones situadas en países inestables políticamente, por lo que son relativamente frecuentes los problemas de abastecimiento. Por este motivo, en 2004 se publicó una directiva[11] en la que se establecían medidas que los Estados miembro debían adoptar para prevenir las consecuencia de una interrupción en el abastecimiento de gas. Sin embargo, dados los frecuentes incidentes en el abastecimiento de gas y de sus importantes consecuencias, en octubre de 2010 se presentó un reglamento[12] que sustituía a la directiva anterior y que pretendía dar un enfoque comunitario, en lugar de nacional, a las actuaciones en caso de problemas en el abastecimiento de gas, permitiendo, por parte de los Estados miembros, la aplicación de medidas excepcionales.

También existe normativa semejante para la electricidad, aunque en este caso los problemas no vienen de fuera sino que suelen estar producidos por una falta de adecuación o de explotación de las instalaciones existentes en la UE. Así, tras una serie de incidentes en los sistemas eléctricos de varios Estados miembro, se presentó una Propuesta de Directiva dirigida a garantizar el suministro de electricidad que fue finalmente publicada[13] en enero de 2006. En ella se establecen normas de actuación en cuatro campos: de operación del sistema (corto plazo), equilibrio oferta-demanda (largo plazo), inversiones en red e información.

Normativa para la promoción de las energías renovables (ver Promoción energías renovables): debido a su importante contribución para conseguir otros objetivos comunitarios, el desarrollo de las energías renovables es una política prioritaria dentro de la UE. Así, contribuyen a lograr los objetivos medioambientales sobre reducción de emisiones, tanto contaminantes como de gases de efecto invernadero. También contribuyen a reducir la dependencia energética y, en consecuencia, a asegurar el suministro. Finalmente, dado que se trata de un sector en desarrollo y que cuenta con empresas europeas líderes mundiales en el sector, contribuye también al desarrollo económico y a la creación de empleo (ver Objetivos de producción con fuentes renovables en la UE y en España).

La primera directiva se publicó[14] en 2001 y su objetivo era la promoción de la electricidad producida por fuentes renovables. En ella se establecía como objetivo que en 2010 el 21% de la electricidad final consumida en la UE en su conjunto, proviniera de fuentes renovables. Sólo establecía objetivos orientativos para cada país.

En la segunda directiva, que sustituye a la anterior y fue publicada[15] en 2009, se pretende lograr el objetivo general de que, en el año 2020, el 20% de la energía final consumida provenga de fuentes renovables junto con el específico de que el 10% del consumo de combustible para el transporte provenga asimismo de fuentes renovables. El objetivo comunitario del 20% se reparte en objetivos nacionales obligatorios, con objetivos intermedios indicativos y con cierta flexibilidad para el cumplimiento de los objetivos nacionales (Tabla 2‑2).

Tabla 2‑2. Objetivos nacionales obligatorios de consumo de energía procedente de fuentes renovables para 2020.
Fuente: Directiva 2009/28/CE.

Todos los países han dado ya los primeros pasos para llevar a la práctica lo establecido en la directiva, prueba de ello son los Planes de Acción Nacionales para el desarrollo de las Energías Renovables (PANER)[16] que han tenido que elaborar e implementar cada uno de los Estados miembros. El último seguimiento que se ha producido de la situación de cumplimiento de estos objetivos por parte de los Estados miembros se ha realizado en 2011 por parte de la Comisión Europea. Según el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020[17] publicado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), España va a superar el objetivo fijado por la Comisión Europea alcanzando en 2020 el 20,8% del consumo de energía proveniente de fuentes renovables. El último seguimiento que se ha producido de la situación de cumplimiento de estos objetivos por parte de los Estados miembro se ha realizado en 2016 por parte de la Comisión Europea, realizándose la siguiente en el año 2018. En el caso de que las memorias de seguimiento anual reflejen un desarrollo de las energías renovables inferiores a la trayectoria indicativa prevista, se procederá a la revisión parcial de Plan.

Normativa sobre comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero[18]: tras la aprobación del Protocolo de Kioto, la UE decidió asumir el papel de liderazgo mundial para luchar contra el cambio climático y adoptó diversas iniciativas sobre este tema.

Una de las más novedosas fue poner en marcha un mercado comunitario de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, uno de los mecanismos flexibles contemplados en el Protocolo. El objetivo final era que dicho comercio estuviera plenamente operativo durante el período contemplado en el Protocolo, 2008-2012, de forma que pudiera integrarse en el comercio que se podría organizar a nivel mundial (ver El esquema cap and trade en Europa y los incentivos a reducir emisiones).

Para ello, en el año 2003 se publicó la primera directiva[19] que establecía el sistema de comercio de derechos. Establecía dos períodos, el periodo 2005-2007, que puede considerarse de aprendizaje, y el 2008-2012, de vigencia del Protocolo de Kioto y que está operativo en la actualidad. Su implantación, a pesar de los problemas surgidos, ha permitido, entre otras cosas, que mediante procedimientos de mercado se establezca un precio para el CO2 que es incorporado a los costes de producción, fomentando así, la utilización de las instalaciones menos emisoras que aumentan su competitividad. También se traslada el coste del CO2 al precio final del producto, transmitiendo al consumidor una adecuada señal medioambiental.

Posteriormente, en 2009 se aprobó una nueva Directiva[20] que afecta al período 2013-2020 y que tiene en cuenta el objetivo general de reducción de emisiones del 20%. Esta directiva introdujo importantes modificaciones respecto a la anterior, entre las que se encuentran que la asignación de derechos a las instalaciones incluidas en el comercio se hace a nivel comunitario y no por país y que se asignan mediante un sistema preferentemente de subastas en lugar de hacerlo de forma gratuita.

La vigencia del Protocolo de Kioto finalizó en 2012, por lo que desde la 13ª Conferencia de las Partes (COP 13) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Bali en 2007, se ha estado trabajando para alcanzar un acuerdo internacional que fijara un marco que sustituyera al Protocolo de Kioto. Utilizando la hoja de ruta fijada en Bali, se negoció intensamente durante dos años con el objetivo de alcanzar en diciembre de 2009, en la decimoquinta (COP 15) celebrada en Copenhague, un ambicioso acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático. A pesar de las altísimas expectativas generadas, el documento que surgió de la reunión de alto nivel no recibió una valoración muy positiva, ya que no permitió alcanzar un acuerdo legalmente vinculante de reducción de emisiones para después de los objetivos establecidos para 2012 (ver El cambio climático y los acuerdos internacionales).

Hasta el momento, la Unión Europea lidera la lucha contra el cambio climático. Ha adoptado un objetivo vinculante de reducción del 20% de las emisiones en el horizonte 2020 y de al menos, el 40% en 2030 y otros no vinculantes para reducirlas un 80-95% en 2050. Para logar este último objetivo, la Unión Europea ha presentado una Hoja de Ruta de la Energía para 2050, en la que se analiza los cambios que habría que hacer en el sector energético.

Normativa sobre eficiencia energética: mejorar la eficiencia energética contribuye de forma positiva a todos los objetivos energéticos de la UE: disminuye la dependencia energética, reduce las emisiones de todo tipo y mejora la competitividad de las empresas consumidoras (ver Eficiencia energética y su potencial).

Por este motivo, son numerosas las iniciativas regulatorias dirigidas a mejorar la eficiencia energética. Se pueden dividir en dos grandes bloques: las dirigidas a los equipos consumidores y las destinadas a que el propio mercado energético actúe de manera más eficiente.

Entre las primeras se pueden destacar las siguientes directivas:

  • Ecodiseño[21] del año 2009 y que sustituye a la de 2005, que tiene como objetivo armonizar a escala comunitaria los requisitos de diseño ecológico para todos los productos relacionados con la energía, estableciendo criterios técnicos para que el funcionamiento de ciertos equipos consumidores sea eficiente desde el punto de vista energético. Una consecuencia de esta directiva es, por ejemplo, la prohibición de fabricar lámparas incandescentes a partir de 2012.
  • Etiquetado energético[22], por la que se obliga a informar del grado de eficiencia energética de ciertos productos consumidores de uso doméstico con el fin de que el comprador tenga más información a la hora de hacer la elección.
  • Eficiencia en edificios, del año 2002, actualizada[23] en 2010, en la que se establecen criterios mínimos que deben cumplir para reducir su consumo de calefacción/refrigeración o iluminación.

Entre las segundas se puede destacar:

  • Promoción de cogeneración[24], del año 2004, cuyo objetivo es promover instalaciones de producción combinada de calor y electricidad, que tiene un mayor rendimiento energético que su producción separada.
  • Eficiencia[25] en el uso final y promoción de los servicios energéticos, del año 2006, en la que se crean condiciones para que actúen las empresas de servicios energéticos.

A finales de 2012, fue aprobada la Directiva de Eficiencia Energética[26], que pretende impulsar la eficiencia energética a nivel global como una herramienta para conseguir una energía segura, sostenible y competitiva. La Directiva, que sustituye a las dos anteriores, propone medidas a acometer en toda la cadena de valor energética: desde la producción y distribución hasta el consumo.

Entre las medidas para fomentar la eficiencia en la producción, la vigente directiva propone hacer una evaluación de las posibilidades de desarrollo de redes de calor y frío urbanos y de cogeneración de alta eficiencia (producción simultánea de calor y frío) incluyendo un análisis coste/beneficio. Esto va acompañado de una prioridad de acceso a la red de las plantas de cogeneración de alta eficiencia (particularmente la microcogeneración y las de pequeña escala) al igual que sucede con las energías renovables.

Por otra parte, se potencia la eficiencia en el transporte y distribución de energía, identificando medidas e inversiones concretas que incrementen la eficiencia en las redes, y asegurando la supresión de incentivos en las tarifas que menoscaben dicha eficiencia.

Respecto a la gestión de la demanda, la Administración central adopta un rol ejemplarizante – que debería promoverse a nivel regional y local – en la gestión energética en la edificación. Por otro lado, los Estados miembro deben establecer un sistema de obligaciones para que distribuidores/comercializadores de energía consigan un ahorro acumulado a 2020 equivalente al 1,5% de las ventas de energía a clientes finales, que se permite escalonar en distintos tramos.

Normativa sobre emisiones contaminantes[27]: la limitación de las emisiones contaminantes entra dentro de las competencias medioambientales de la UE. El objetivo principal es, lógicamente, su máxima reducción. Existe mucha normativa relacionada con este tema entre la que se pueden destacar las siguientes directivas que han tenido gran influencia en el sector energético:

  • Para la prevención y el control integrado de la contaminación (1996)[28], en la que se promueve la utilización de las mejores técnicas disponibles en el mercado y se tomen las medidas adecuadas para reducir la contaminación producida por las instalaciones contaminantes.
  • Para la limitación de las emisiones de grandes instalaciones de combustión (2001)[29], en la que se establecen valores límites a las distintas emisiones contaminantes para cada instalación.
  • De techos nacionales (2001)[30], en la que se establecen valores máximos anuales de emisión a nivel nacional.

En 2010 fue aprobada la Directiva de Emisiones Industriales[31], que define las obligaciones que deben respetar las actividades industriales con mayor potencial de contaminación. Esta Directiva aglutina y amplia las 3 directivas arriba mencionadas. Su objetivo consiste en evitar o minimizar las emisiones contaminantes en la atmósfera, el agua y el suelo, así como los residuos procedentes de las instalaciones industriales y agrícolas con el fin de alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente y la salud. La Directiva establece unos requisitos y obligaciones para las industrias con emisiones:

  • Adoptar medidas de prevención de la contaminación.
  • Aplicar las mejores técnicas disponibles.
  • No producir ninguna contaminación importante.
  • Limitar, reciclar o eliminar los residuos de la forma menos contaminante.
  • Maximizar la eficiencia energética.
  • Prevenir accidentes y limitar su impacto.
  • Llevar a cabo inspecciones medioambientales periódicas de las instalaciones.

Paquete de energía limpia para todos los europeos: La Comisión Europea ha presentado a finales de noviembre de 2016 una propuesta de medidas bajo el nombre de “Paquete de Energía Limpia para todos los europeos” orientadas a alcanzar los objetivos climáticos europeos a 2030, manteniendo la seguridad de suministro y la competitividad de los precios de la energía.

El paquete legislativo presentado persigue la reducción de al menos un 40% las emisiones contaminantes respecto a 1990, elevar la cuota de renovables por encima del 27% para 2030 y la mejora de al menos un 27% en eficiencia energética para el mismo horizonte, sin considerar un reparto específico por países, además de seguir estableciendo medidas para el desarrollo del mercado interior europeo de la energía. Estos objetivos se encuadran en los compromisos de la UE de acuerdo con el Acuerdo de París recientemente ratificado.

Se trata, además, de una serie de iniciativas que pretenden que el consumidor adquiera el rol de pieza clave en los mercados energéticos. De este modo, se les permitirá cambiar más fácilmente su suministrador, el acceso a herramientas de comparación de precios así como a la posibilidad de producir y vender su propia electricidad, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos previamente establecidos y no se produzcan subvenciones cruzadas.

En términos globales, esta estrategia está cimentada sobre el diseño e implementación de un sistema energético europeo más sostenible, seguro y competitivo que permita compatibilizar el cumplimiento con los objetivos de cambio climático establecidos en el Acuerdo de París con la entrega de energía al consumidor a precios asequibles

Las propuestas prevén cambios en materia de diseño de mercado y autoconsumo, para facilitar una integración eficiente de las energías renovables sin perjuicio de la seguridad del sistema, a la vez que potencia a los consumidores como agentes activos y vectores fundamentales de la transición energética.

Las medidas más destacadas que supondrán un impacto directo en ambos mercados se pueden encuadrar en 4 bloques fundamentales:

  • Autoconsumo y clientes – destaca la supresión de las tarifas reguladas (podrán seguir utilizándose para los clientes vulnerables durante un periodo transitorio de 5 años) y el pago por parte de los consumidores, tanto por la energía consumida como por la inyectada, excluyéndose así el balance neto, mecanismo por el cual al cliente se le permitiría usar la red eléctrica de forma gratuita.
  • Mecanismos de capacidad – se permitirán tanto para la generación nueva o existente, siempre y cuando sean aprobados por la DG de Competencia. Sin embargo, quedará excluida de este mecanismo la generación nueva que emita una cantidad superior a 550 gCO2/KWh. Los países, que a la entrada en vigor de esta norma tengan mecanismos de capacidad ya establecidos, deberán adaptarlos.
  • Reservas estratégicas – se permitirán pero solo para la capacidad existente y deberán despacharse al valor de la energía no suministrada. Este mecanismo no será permitido para las nuevas centrales de generación.
  • DSO – Los operadores del sistema de distribución (DSO) jugarán un rol más activo a la hora de la contratación de servicios, tanto de generación distribuida como de flexibilidad de demanda. Además, se le permitirá el desarrollo de almacenamiento en ciertas situaciones en las que la correcta operación del sistema lo requiera.

El paquete legislativo pretende que la Unión Europea se abastezca con energía limpia, para ello se requerirán medidas relativas al marco de energías renovables, la utilización de sistemas limpios de frío y calefacción, la descarbonización del transporte y el autoconsumo eficiente.

Las renovables desempeñarán un papel clave en la transición hacia un sistema energético más limpio y libre de emisiones, concretamente, la UE se ha comprometido a alcanzar un 27% del consumo final de energía, procedente de renovables, para 2030. Además, el esfuerzo realizado a nivel global para conseguir una reducción de las emisiones de efecto invernadero en un 40% se plantea como un objetivo ambicioso.

El crecimiento en renovables tiene como una de las palancas fundamentales la utilización de todas aquellas tecnologías encaminadas a la reducción de los niveles de emisiones. Esta norma permitirá el desarrollo de Marcos de apoyo a las renovables siempre y cuando tengan un carácter competitivo y no distorsionen el mercado.

El empleo de renovables avanzadas junto con la descarbonización de la economía supondría un ahorro de 6,8 billones de euros a lo largo del período 2014-2035 con un potencial de crecimiento, especialmente más allá de las fronteras europeas.

Las propuestas de un nuevo diseño del mercado de electricidad, junto con una nueva directiva de renovables, fijará un marco regulatorio enfocado a la competencia de las diferentes tecnologías así como a favorecer las inversiones, pero sin poner en peligro los objetivos fijados tanto de cambio climático como de eficiencia energética.

Entre las cuestiones más relevantes se contempla la libertad de cierre (o hibernación) de la generación, la introducción de mecanismos de capacidad, la eliminación de la prioridad de despacho, generalizando la responsabilidad de balance (a excepción de las renovables y la cogeneración menor de 500 kW).

Además, la eficiencia energética sirve como palanca para el cumplimiento de las obligaciones establecidas pues refuerza los objetivos de ahorro energético elevando la meta de mejora de eficiencia hasta el 30%, mejorando las herramientas regulatorias y financieras así como medidas en el ámbito de la eficiencia en las infraestructuras, el transporte, el ecodiseño.

Las modificaciones se encuentran fundamentalmente orientadas tanto a la directiva de eficiencia energética, alineando sus objetivos con aquellos que se pretenden alcanzar en 2030, como a la renovación de edificios de cara al fortalecimiento a la hora de cumplir con las directrices establecidas, ya que consumen el 40% del total de la energía utilizada en la UE.

Un incremento de 23.800 millones de euros para 2030 encaminados a incrementar la competitividad de la industria en materia de eficiencia en sus infraestructuras, un ahorro de 70 millones de euros, gracias a la reducción de las importaciones de combustibles fósiles en un 12% para 2030, o un gasto en materia de ayudas a personas en vulnerables a través de inversiones en eficiencia energética en viviendas, son algunos de los principales compromisos fijados.

Dichas medidas, con el horizonte 2020, tendrán que tramitarse a lo largo de los próximos meses por el Parlamento Europeo y por los gobiernos nacionales para alcanzar un acuerdo. Tras ello deberán trasladarse a las regulaciones nacionales.

Tras esta publicación, se inicia la tramitación legislativa tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo (Gobiernos nacionales), proceso que puede durar 2 años hasta su aprobación definitiva, a la que sigue la transposición a la legislación de los Estados para su aplicación a partir de 2020. Aun así, todavía se requiere una profundización en temas como: el periodo de medición de contadores inteligentes, eliminación del floor del precio del mercado mayorista o el papel del ENTSO-E en los mecanismos de capacidad.

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