En los últimos años se ha detectado un incremento en las pérdidas del sistema a la vista de los datos de energía inyectada y la demanda en consumo. Ante esta situación en julio de 2015 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado el Informe sobre alternativas de regulación en materia de reducción de pérdidas y tratamiento del fraude en el suministro eléctrico.
En este informe se describen, en primer lugar, la percepción actual del Operador del Sistema (OS) y de las compañías distribuidoras de más de 100.000 clientes que coinciden en señalar un importante incremento de pérdidas y fraude que están detectando. Las causas de estas pérdidas pueden ser diversas, desde la mayor presencia de parques eólicos en la red, normalmente alejados de los puntos de consumo, hasta la reducción del consumo, que ha provocado que las pérdidas fijas sean más notables. Aun así, es indudable que buena parte de estas pérdidas se deben al fraude, como las conexiones directas a la red sin contrato en vigor y a la manipulación de los equipos de medida.
El regulador muestra una especial preocupación por este incremento de pérdidas al suponer un mayor gasto para el conjunto de los consumidores, ya que son ellos los que soportan el coste de la red a través de los cargos y peajes. Por ello, la CNMC sugiere modificar la normativa con el objetivo de defender los legítimos intereses de los consumidores que cumplen fielmente con sus obligaciones y solicitando a las distribuidoras que extremen el celo evitando y penalizando, en su caso, las situaciones de fraude. De hecho, sugiere incrementar los incentivos a estas compañías, para que sean más sensibles al coste de estas pérdidas y aumenten sus esfuerzos para minimizarlas. En concreto, se plantean dos alternativas:
a) El distribuidor es el responsable de la compra de la diferencia de pérdidas entre las reales y las estándares.
b) El comercializador sigue siendo el responsable de la compra de las pérdidas, pero el distribuidor le financia la diferencia de pérdidas entre las reales y las estándares.
Así mismo, destaca la necesidad de fomentar una acción conjunta y armonizada por parte de las Administraciones para la lucha contra el fraude, dado que con la normativa actual existe disparidad de criterios a nivel autonómico y estatal respecto a las actuaciones a llevar a cabo al respecto.
A lo largo del documento describe el contenido de la propuesta de normativa sugerida, además de un análisis jurídico de la propuesta, y una descripción de la tramitación, consultas y procedimiento de elaboración.
