Electrificación de la Economía

Medidas para reducir el precio de la electricidad: ¿Qué propone Europa?

Boletín # 202

  1. Contexto

España, como el resto de los países europeos, está sufriendo una situación de precios mayoristas de electricidad históricamente altos, derivados principalmente del alto precio del gas natural en los mercados internacionales.

En España, el Gobierno ha convalidado el Real Decreto ley 17/2021 (RDl en adelante) tratando de paliar el impacto de esta subida en los consumidores. Junto con algunas medidas sobre los impuestos, se ha aprobado detraer beneficios (hasta el 31 de marzo de 2022) a las centrales no emisoras (nuclear, hidráulica y otras renovables) proporcionales al precio del gas. El Ministerio de Transición Ecológica estimó un recorte de 2.600 millones de euros a los ingresos de estas centrales (con un coste del gas de 60 €/MWh ahora ampliamente superado); ese importe se añade a los 600 millones de euros de impacto estimado del proyecto de Ley para detraer el precio del CO2 que tramita el Gobierno en el Congreso.

Por su parte, el 13 de octubre, la Comisión Europea publicó un paquete de medidas para hacer frente a la crisis de precios como recomendaciones para los Estados miembros. La Comisaria de Energía de la UE (Kadri Simson) defiende que el diseño del mercado eléctrico europeo no es la causa de los altos precios, que el sistema marginal armonizado garantiza una asignación eficiente de recursos, y que por tanto no tiene sentido reformarlo, e incide en que no hay ningún modelo de mercado alternativo que garantizara una reducción de precios en la coyuntura actual. Su receta para combatir los altos precios actuales consiste en “acelerar la transición a las renovables y reducir la dependencia exterior de combustibles fósiles”.

    2. Transición Energética: solución para tener precios competitivos

La transición energética es la solución para contar con un suministro sostenible y a precios competitivos, y para reducir la dependencia exterior (actualmente del 61%), que expone a los sectores económicos a la elevada volatilidad del coste de los combustibles fósiles en los mercados globales.

El paquete de medidas propuesto por la UE recomienda aumentar las inversiones en renovables y en eficiencia energética, con acciones como:

  • Acelerar las subastas de renovables y ejecutar las inversiones del Fondo de Recuperación y Resiliencia.
  • Acelerar las tramitaciones y procesos administrativos
  • Aumentar la producción de equipos para las energías renovables y
  • Aumentar las inversiones en interconexiones, promover el almacenamiento eléctrico y mejorar las redes de transporte y distribución

La Comisión Europa también recomienda extender el acceso a los contratos a precios estables y a largo plazo
(PPAs renovables) más allá de las grandes empresas, por ejemplo, mediante agregación de demanda. Esta forma de contratación a largo plazo iría acompañada de medidas para reducir el riesgo financiero.

En un sentido totalmente opuesto, y como alertan las principales agencias de calificación crediticia, las medidas del RDl español:

  • incrementan el riesgo regulatorio de España (Bestinver),
  • aumenta los costes de financiación para nuevos proyectos de energía
    (Standard&Poor´s)
  • y ralentizarán los planes de inversión de las empresas en España (Fich Ratings), que necesitarán recortar su inversión para proteger su calificación de riesgo

Blomberg prevé un parón en la firma de nuevos PPA. (Ver gráfico)

    3. Medidas para proteger a los clientes vulnerables

Como medida inmediata, la Comisión Europea recomienda proteger a los vulnerables, con ayudas que podrán ser financiadas con los mayores ingresos de las subastas de CO2. Se trataría de dar cheques de energía, para pagar las facturas o para invertir en mejoras de eficiencia energética, establecer salvaguardias para evitar cortes de suministro o aplazar los pagos, o reducir temporalmente los impuestos sobre la energía.

Se constata que en aquellos países en donde los consumidores tienen contratos a largo plazo no se aprecia un aumento tan vertiginoso del precio de la energía como en aquellos donde los consumidores están más expuestos a las fluctuaciones diarias. España es el único país de Europa donde la volatilidad horaria del mercado diario se traslada directamente al consumidor vulnerable.

   4. Eliminar de la tarifa los costes ajenos al suministro

La Comisión Europea también recomienda una revisión de costes ajenos al suministro que sufraga la factura de la luz, eliminar o reducir impuestos sobre la electricidad y sacar de la factura la financiación de las renovables. Estos costes pasarían a ser financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

   5. Las medidas del Gobierno español no solucionan el problema y encarecen las inversiones en renovables

El RDl español es considerado por los analistas financieros como una intervención del mercado que podría afectar estructuralmente la confianza de los inversores.

Esta idea es defendida por Credit Suisse: “las medidas del Gobierno han introducido un nuevo elemento de incertidumbre y de riesgo político”, mientras que según Fitch Ratings, JP Morgan y Mirabaud ponen el acento en que la norma va en contra del mercado interior europeo de la energía, y distorsiona la competitividad de las compañías eléctricas españolas en comparación con sus pares europeos. De hecho, Fitch Ratings ha empeorado su visión del mercado regulatorio de España, del que dice que es menos robusto que el de la mayoría de los países de Europa, en materia de independencia, transparencia y previsibilidad.

  6. Conclusión

Europa ha propuesto una serie de medidas para proteger a los consumidores vulnerables de la subida de precios energéticos, sin perjudicar la competitividad de las empresas y manteniendo las reglas del mercado interior de electricidad. Defiende la transición verde como la vía para alcanzar un sistema energético sostenible, competitivo e independiente de las fluctuaciones de precios de los combustibles.

Sin embargo, las medidas aprobadas por el Gobierno para reducir el precio de la electricidad crean inseguridad jurídica, lo que dificulta las inversiones necesarias para la transición energética, retrasan y encarecen la reactivación económica y generan incertidumbre a futuro, sentando un precedente para períodos futuros de tensiones sobre las materias primas.

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