El Foro de Transición Energética y Cambio Climático publicó en marzo de 2016 el artículo titulado “Establecer el precio del carbono, clave para frenar el cambio climático”. En él se defiende el precio al carbono como herramienta para luchar contra el cambio climático.
Numerosas organizaciones, políticos y ciudadanos apoyan el establecer de un precio al CO2, sin embargo aún no existe un consenso global sobre su implantación. Por ejemplo, François Hollande señaló que la capacidad para incluir esta iniciativa en el Acuerdo de París sería uno de los indicadores con los que juzgar el éxito de la COP 21 (Vigésimo Primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Sin embargo, no fue incluido poniendo de manifiesto las resistencias ideológicas y políticas.
Establecer un precio al carbono es una de las alternativas más eficientes para avanzar en la reducción de las emisiones de acuerdo al principio de “quien contamina, paga”. Presenta múltiples ventajas respecto a otros mecanismos como la internalización de los costes sociales provocando un cambio en las decisiones de los consumidores, el fomento de una innovación tecnológica continuada o la minimización de las emisiones[1].
Actualmente, más de 40 países y 20 ciudades han implantado sistemas de fijación del precio al carbono. Analizados estos casos, se identifican dos modelos alternativos para imponer un precio al CO2: i) a través de un régimen de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) o ii) mediante impuestos sobre el carbono.
Europa, China, California-Quebec son algunos de los países/regiones que han optado por la primera alternativa. Este sistema, sin embargo, presenta algunas debilidades estructurales que están limitando su efectividad. Así, el exceso de derechos de emisiones existente ha provocado una caída del precio del carbono minimizando los incentivos para invertir en tecnologías limpias. Aunque se están realizando esfuerzos por superar estas limitaciones para muchos, este método resulta más complejo que la imposición de un impuesto al carbono.
Precisamente, la imposición de un impuesto sobre el carbono es la fórmula que han elegido los reguladores de Suecia o British Columbia. En esta línea Barack Obama anunció recientemente su intención de imponer un impuesto de 10$ por barril de Brent en EEUU. La recaudación obtenida, permitiría reducir la tributación sobre otros bienes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que por cada tonelada de CO2 evitada en un país, este percibiría 60$ de beneficios.
Sea cual sea la alternativa escogida por cada regulador, para que estos sistemas funcionen de manera eficaz, es necesario que tengan un alcance global, de forma que las compañías no puedan esquivarlo trasladando sus emisiones a otro país con una normativa más laxa. A pesar de ello, actualmente sólo un 12% de las emisiones globales están cubiertas por programas de precios al CO2. De la misma forma, estas medidas deberían acompañarse de la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles, estimada en 5,3 billones de dólares a nivel global en 2015. Para avanzar en el desarrollo de estas medidas, organizaciones internacionales como el FMI están intentando aprovechar el impulso de Paris 2015 para incluir estos mecanismos en la agenda de COP22 que se celebrará en Marruecos.
En definitiva, el establecimiento del precio al carbono es fundamental para reducir las emisiones y lograr cumplir con los compromisos climáticos adoptados en el Acuerdo de París.
[1] Podrá encontrar más información sobre las ventajas de los mecanismos de fijación de precio al carbono en la ficha “Seven reasons to use carbon pricing in climate policy” publicada el xx de mayo de 2016.
