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1.2. Historia de la electricidad en España

La primera referencia de la aplicación práctica de la electricidad en España data del año 1852, en el que el farmacéutico Domenech fue capaz de iluminar su botica en Barcelona. En Madrid, ese mismo año, se hicieron pruebas de iluminación en la plaza de la Armería y en el Congreso de los Diputados. En 1875 se instala una dinamo en Barcelona que logró iluminar las Ramblas, la Boquería, el Castillo de Montjuic y parte de los altos de Gracia. A partir del año siguiente, se puede decir que comienza la electrificación industrial en España, dando pie a la constitución en Barcelona de la Sociedad Española de Electricidad, sociedad que figura como primera empresa eléctrica española.

En 1885 se publicó un primer decreto que ordenaba las instalaciones eléctricas y, tres años más tarde, una Real Orden regula el alumbrado eléctrico de los teatros, prohibiendo expresamente el alumbrado con gas y autorizando las lámparas de aceite sólo como sistema de emergencia. Este acelerado desarrollo de la industria eléctrica dio pie a la creación de numerosas empresas en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 1901 se publicó la primera estadística oficial, según la cual, el 61% de la potencia instalada era de origen térmico, mientras que el 39% restante utilizaba la energía hidráulica como fuerza motriz. No obstante, en esos momentos, la electricidad era generada en forma de corriente continua y no era posible su transporte a largas distancias, por lo que su desarrollo se veía limitado a emplazamientos de las centrales próximas a los centros de consumo, normalmente a industrias o municipios.

Sin embargo, con la aparición de la corriente eléctrica alterna, a principios del siglo XX, se abrió la posibilidad de transportar electricidad a gran distancia y, por tanto, de llevar a cabo un desarrollo a gran escala de las centrales hidroeléctricas. De esta forma, a finales de los años veinte, la estructura de la generación eléctrica en España había cambiado: se había multiplicado la potencia instalada por 12 hasta alcanzar aproximadamente 1.500 MW, el 81% de la producción era de origen hidroeléctrico y existía un exceso de capacidad de producción.

Posteriormente, durante los años de la guerra civil y los primeros años de la posguerra se produjo un estancamiento de la capacidad de producción. Además, la sequía de 1944-1945 impidió atender una demanda creciente, con lo que el exceso de capacidad de producción de la década anterior se convirtió en un importante déficit. A este déficit también contribuyeron los impresionantes crecimientos de la demanda, de hasta el 27% anual. Para gestionar esta situación, en 1944 se fundó la empresa Unidad Eléctrica S.A. (UNESA), integrada por las principales compañías del sector. A UNESA se le encomendó la promoción de las interconexiones de los distintos sistemas eléctricos regionales y de éstos con las centrales eléctricas que fueran necesarias para completar la red primaria o de transporte y la creación del “Dispatching Central”, desde donde se dirigía la explotación conjunta del Sistema Eléctrico Nacional, decidiendo qué centrales tenían que funcionar en cada momento y qué intercambios de electricidad entre zonas eran necesarios para asegurar el abastecimiento al conjunto del país.

La aplicación a partir de enero de 1953 de las Tarifas Tope Unificadas incentivó el ritmo de construcción de nuevas centrales, lo que trajo consigo una progresiva y rápida disminución del déficit de capacidad de producción. Este nuevo tratamiento de las necesidades del sector eléctrico contribuyó a una fase de consolidación y crecimiento rápido de la economía española, que a su vez conllevaron importantes crecimientos de la demanda eléctrica. En estos años se puso claramente de manifiesto la ventaja que suponía contar con una red interconectada para atender instantáneamente a una demanda creciente, lo que permitió aumentar sustancialmente la garantía de suministro a los clientes y aprovechar al máximo la potencia total disponible, logrando un abaratamiento de las tarifas.

En 1970, la producción de energía eléctrica se había triplicado, alcanzándose en torno a los 56.500 GWh, con una potencia instalada de 17.925 MW. La estructura de generación se modificó sustancialmente: la producción hidroeléctrica pasó de suponer un 84% de la producción en 1960 a un 50% en 1970. También se incrementó sustancialmente la producción con fuel-oil en un contexto de bajos precios del petróleo. Además, en el año 1968 se incorporó la primera central nuclear en Zorita de los Canes (Guadalajara).

Esta situación se mantuvo hasta que en mayo de 1973 se empezó a producir una escalada de los precios del petróleo. Una parte sustancial del parque térmico puesto en servicio en los años anteriores utilizaba derivados del petróleo como combustible, debido a la estabilidad en precios y su facilidad de utilización hasta esos momentos. Dados los largos períodos de construcción de las centrales, la mayor parte de los grupos de generación que entraron en servicio en el período 1973-76 eran grupos de fuel-oil, ya que respondían a proyectos contratados con anterioridad a la primera crisis del petróleo. Tras la segunda crisis del petróleo, en 1979, se tomaron medidas para contener la dependencia del petróleo.

En línea con esas directrices, en la primera mitad de la década de los años 80 entraron en servicio las centrales de carbón nacional. Simultáneamente, entre 1980 y 1986 entraron en servicio cinco grupos nucleares. También se empezó a apostar por la cogeneración y las energías renovables. A finales de los ochenta el sector eléctrico español se encontraba en una situación con una elevada capacidad ociosa, como consecuencia de la política que fomentó la construcción de centrales de combustibles alternativos al petróleo, con crecimientos moderados de la demanda y, por otra parte, un elevado endeudamiento con altos tipos de interés.

Los primeros pasos para estabilizar la situación económico-financiera de las empresas del sector se dieron en 1985, en el que se produjo un intercambio de activos, que permitió aliviar la situación de aquellas empresas más activas en la política de sustitución del petróleo. Pero el mayor logro en la estabilización del sector fue el establecimiento de un nuevo sistema de cálculo de las tarifas eléctricas que permitiera disminuir el desequilibrio financiero. Este sistema, conocido como Marco Legal y Estable, se empezó a aplicar paulatinamente a partir de 1988 y tenía como parámetros fundamentales una metodología de amortización y retribución de las inversiones, una retribución de los costes de producción y distribución en base a valores estándares, un sistema de compensaciones entre los agentes y una corrección por desviaciones al finalizar el año.

Posteriormente, en 1996, se aprobó la Directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (ver Normativa básica comunitaria y el marco normativo español), con unos objetivos claros y unos criterios mínimos de liberalización e introducción de la competencia en el Sistema Eléctrico. La mayoría de los países comunitarios deberían adaptar sus legislaciones eléctricas al nuevo esquema con anterioridad al 19 de febrero de 1999. España fue uno de los primeros países en adoptar los criterios emanados de esta Directiva, de forma que el 1 de enero de 1998 entró en vigor la Ley 54/1997 [1]del Sector Eléctrico (ver Normativa básica comunitaria y el marco normativo español), que introdujo los cambios normativos más importantes de la historia del sector en España. Esta ley está ya derogada por la nueva Ley del Sector Eléctrico, Ley 24/2013[2].

En el período 1996-2001, la demanda de electricidad se incrementó en más de un 30%, muy por encima de las previsiones. Este hecho fue acompañado de un incremento aún mayor de la demanda punta (44%), que es la variable fundamental de cara a determinar las necesidades de infraestructuras eléctricas, tanto de generación como de transporte y distribución. En este mismo período, los precios medios de la electricidad se redujeron un 17% en términos corrientes, lo que equivale, teniendo en cuenta la inflación, a una disminución del 30% en términos reales. El sector eléctrico, en su conjunto, se vio con importantes dificultades para atender puntualmente este crecimiento no previsto, debido a los plazos de desarrollo que requieren todas estas infraestructuras (varios años en el mejor de los casos), en un entorno de creciente incertidumbre, debido a la liberalización del sector y a la ausencia de un sistema regulatorio predecible. A eso, había que sumarle una importante sensibilidad al precio de la electricidad y sin incentivos encaminados a una mejor gestión de la curva de carga.

A partir de aquí, el siglo XXI se ha visto abocado a hacer frente a numerosos retos. El sistema de producción de energía eléctrica se encuentra inmerso en un proceso de transformación en su configuración, las fuentes de energía primaria que incluyen las renovables, las tecnologías a utilizar y los requisitos medioambientales (compromiso 20-20-20) (ver Cambio climático a futuro y el sector eléctrico). También, desde una concepción tradicional en la que grandes centros de generación abastecían a los lugares de consumo por medio de redes de transporte y distribución de gran capacidad y distancia, se está evolucionando hacia lo que se ha denominado “Generación Distribuida” de energía eléctrica. En esta nueva concepción, los puntos de generación y consumo se encuentran más próximos, y las pérdidas de trasporte y distribución pueden disminuir significativamente. En este contexto, cobra mayor importancia la adecuada integración de las fuentes de generación renovables (con su carácter intermitente y no gestionable) (ver Energías renovables: tecnología, economía, evolución e integración en el sistema eléctrico) y el concepto de eficiencia energética (ver Eficiencia energética y su potencial). En ambos casos, tanto desde un punto de vista técnico como económico. Adicionalmente, surgen otros conceptos como microrredes, vehículos eléctricos, tecnologías de almacenamiento, líneas de transporte de corriente continua (HVDC), contadores inteligentes, redes inteligentes, gestión activa de la demanda, autoconsumo, etc. que se van poniendo en marcha poco a poco.

[1] Ver Ley 54/1997.

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