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Instituto Choiseul

El Instituto Choiseul, centro de investigación independiente dedicado al análisis de temas económicos, políticos y estratégicos internacionales, ha publicado el informe “El estado de la energía eléctrica en España: Soluciones”, en el que recoge la visión de diversos expertos reconocidos en el sector sobre las posibles soluciones a los retos a los que se enfrenta el sector eléctrico español. La Unión Europea se ha marcado como objetivo la transformación del sistema energético en el horizonte 2030. Se pretende que, para entonces, se haya conseguido reducir un 40 por ciento las emisiones de efecto invernadero (respecto de 1990), aumentar al 27 por ciento la cuota de las renovables y mejorar la eficiencia energética en esa misma proporción. Además de la asunción de estos objetivos, el sector español tiene que enfrentarse a retos específicos derivados de una compleja regulación. La nota está estructurada en tres apartados temáticos, a través de los cuáles los autores desarrollan su visión particular sobre los retos al que se enfrenta el sector:

i.          La nueva era renovable: Objetivos 2030:

Entre las principales iniciativas energéticas lanzadas por la UE, destacan el Marco de Objetivos 2030 y la Unión Energética. Actualmente, la red eléctrica europea no está preparada para integrar el volumen de fuentes renovables que se prevén a 2030. Entre las inversiones que es necesario realizar se encuentran las interconexiones y las autopistas eléctricas. Para impulsar estas inversiones se han lanzado los Proyectos de Interés Común europeos (PIC). A través de las PIC, se espera que las infraestructuras de interconexión entre España y Francia se refuercen acercándose al objetivo del 15% formulado por el Consejo.

España está esperando a fijar sus objetivos post-2020 hasta que la UE acabe de concretar su estrategia energética. El país parte de una situación ventajosa para alcanzar la cuota mínima en renovables, si bien tendrá que tener en cuenta diversos factores como el alto precio de la electricidad a la hora de fijar sus objetivos nacionales.

Además, España debería buscar compromisos para mejorar las interconexiones internacionales, buscar objetivos vinculantes a nivel nacional respecto a la cuota de renovables, reforzar su esfuerzo en I+D y replantear la gestión de los mecanismos de capacidad y esquemas de apoyo a los renovables.

Por último, se recomienda a los legisladores que impulsen: (i) un Pacto Nacional de la Energía que consensue la visión del sector nacional en el largo plazo; (ii) un Plan de incentivos y de seguridad jurídica, que atraiga la inversión esperada y minimice la incertidumbre jurídica; (iii) una gestión integrada de eficiencia energética, energía y medioambiente, que se trabajen de forma conjunta y coordinada; y, (iv) una unificación competencial, entre los diferentes organismos políticos y reguladores nacionales.

ii.          Competitividad del suministro de electricidad:

La creación de un mercado único europeo que garantice la disponibilidad y la competitividad de la electricidad es una de las prioridades de la UE. Hasta la fecha se han logrado avances en este aspecto, como el acoplamiento de los mercados diarios europeos y la futura creación de una plataforma paneuropea para el mercado continuo intradiario. Sin embargo, la formalización de un mercado único no está exenta de dificultades. Para conseguirlo, es necesario una regulación más uniforme en los diferentes estados miembros, reduciendo las políticas discrecionales de cada país.

Así, cada país tiene sus propios mecanismos para incentivar las diferentes fuentes de generación que han dado lugar a un mix energético particular. De la misma forma, cada nación ha implantado modelos de remuneración de capacidad distintos, sin que exista una solución ideal única.

España ya ha iniciado el proceso de convergencia e integración europea, especialmente dirigidos, en una primera fase, a la creación de un mercado diario e intradiario ibéricos únicos. No obstante, como se ha mencionado, existen incentivos a fuentes energéticas particulares (renovables, etc.) que condicionan la operación del mercado eléctrico.

De cara al futuro, sería recomendable que los agentes políticos aprovechen la oportunidad que brinda la integración de los mercados eléctricos europeos para definir una visión del sector a largo plazo que asegure la competitividad, la disponibilidad y el respeto medioambiental del sistema eléctrico.

En lo que respecta a las políticas nacionales que regulan el mercado minorista de electricidad y los precios regulados, se recomienda la puesta en marcha de ciertas medidas para contribuir aún más a la liberalización del sector. Estas medidas deberían: (i) fomentar la participación de los consumidores, facilitando el cambio de suministrador y la mejora de información; (ii) mejorar la supervisión y funcionamiento del mercado, implantando medidas de buenas prácticas comerciales; (iii) proteger los derechos de los consumidores, fomentando la transparencia en la contratación; y (iv) eliminar gradualmente el PVPC.

iii.          Nuevo diseño del mercado eléctrico emanado de las políticas de la UE:

El mercado eléctrico español debe transformarse para cumplir con los objetivos marcados en las políticas de la UE. En esta transición, se deberá hacer frente a diversos retos como la descarbonización del sistema, la fijación de unos precios correctos (que incluyan todas las externalidades) y asequibles y la mejora de la competitividad.

Para conseguirlo, se plantean las siguientes recomendaciones:

•       Generalización del “mix” energético. Todas las soluciones tecnológicas deben ser consideradas para que el nuevo modelo cumpla con los objetivos establecidos.

•       Creación de mercados energéticos multinacionales.

•       Acercamiento de las fuentes de producción y los puntos de consumo.

•       Cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética.

•       Impulso de la innovación energética.

•       Consideración de la sensibilidad social al respecto y, entre otros, dar respuesta a las familias en situación de pobreza energética y reforzar las políticas de educación en materia energética.

•       Reforma de la fiscalidad energética

 
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