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Centre for Climate Change Economics and Policy (CCCEP) y The Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment

Tras el Acuerdo de París conseguido en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), es necesario traducir los compromisos adquiridos en políticas concretas que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Con el objetivo de estimular un debate objetivo sobre los diferentes instrumentos de política climática, el documento “Seven reasons to use carbon pricing in climate policy” analiza las principales ventajas de los sistemas de fijación de precio al carbono, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. Además, identifica alternativas para la implementación de un precio global al carbono, mediante impuestos al CO2 o a través de un mercado de derechos de emisión.

La fijación del precio al carbono penaliza a las fuentes de energía dependiendo de su contenido de CO2. Este sistema es fácilmente aplicable a las emisiones derivadas de fuentes energéticas, pero también puede adaptarse y extenderse a otros emisores de carbono. Las principales ventajas de la fijación de un precio global son:

  1. De acuerdo con el principio de “quien contamina paga”, un precio al carbono modificará el coste relativo de los productos energéticos. De esta forma, provocará que los diferentes bienes y servicios internalicen el impacto social de sus emisiones directas e indirectas de CO2, influyendo automáticamente en las decisiones de los individuos y empresas. Para que este sistema sea efectivo, el precio del carbono tiene que ser lo suficientemente elevado como para inducir un cambio de comportamiento real en los consumidores.
  2. A diferencia de otros instrumentos, el precio al carbono es aplicable a una gran diversidad de emisores de carbono con costes marginales de abatimiento distintos. En teoría, a cada emisor reducirá las emisiones hasta nivel en que el precio del carbono iguale los costes de reducción. Es decir, este mecanismo incentivará la reducción de aquellas emisiones con menor coste marginal de descarbonización, minimizando el coste total de la lucha contra el cambio climático.
  3. El precio del carbono contribuirá a la eficiencia ya que incentiva continuamente  la adopción e innovación en nuevas tecnologías menos emisoras.
  4. Será un instrumento eficaz para controlar el “efecto rebote[1]” del uso de la energía y de las emisiones de CO2 al conseguir modificar los patrones de consumo de los individuos y empresas.
  5. Un precio al carbono global e intersectorial evitará trasladar industrias contaminantes a otros países en los que no exista regulación al respecto. Con este mecanismo no existirá escapatoria para las empresas emisoras, viéndose estimuladas a la búsqueda de tecnologías limpias
  6. Este sistema proporciona flexibilidad y autonomía a la hora de decidir la forma de reducir las emisiones de los que.
  7. Este sistema se aprovecha de que para los consumidores el precio es un factor de decisión más importante que la preocupación medioambiental.

A pesar de las ventajas descritas, es necesario complementar el precio al carbono con políticas energéticas y mecanismos adicionales que apoyen el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la lucha contra el cambio climático.

Existen dos instrumentos para introducir un precio internacional de CO2: un impuesto global al carbono o un mercado mundial de derechos de emisiones.

Hay dos diseños alternativos para introducir un impuesto global al carbono (i) recaudado de forma centralizada, (ii) o bien recaudar dicho impuesto por estados, garantizando un mismo precio al CO2 a través de impuestos armonizados. Esta segunda opción parece más factible políticamente pero menos atractiva en términos medioambientales.

Asimismo, la constitución de un único mercado mundial de derechos de emisión supone un significativo reto desde el punto de vista político e institucional, que consistiría en un tratado internacional que limitara las emisiones a nivel global, y repartiera los derechos por países para que comerciaran con ellos ,fijando un único precio mundial. Una alternativa más factible sería empezar con sistemas regionales de derechos de emisiones (como por ejemplo en la UE) para, en una segunda fase, integrarlos. 


[1] El “efecto rebote” es la reducción de los beneficios esperados de los avances tecnológicos en términos de eficiencia energética por el cambio en el patrón de consumo. Cuando sucede un avance tecnológico que incrementa la eficiencia energética, el precio de los servicios energéticos se reduce, por lo que los consumidores tienden a consumir en mayor medida, reduciendo la potencial mejora de eficiencia energética.

 
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