Siempre que se cumplan determinadas condiciones, la competencia produce un resultado eficiente y coherente con la maximización del bienestar social. Sin embargo, pueden existir circunstancias que aconsejen la intervención de un “regulador”, que corrija posibles fallos de mercado o determine las condiciones de suministro (para aquellas actividades donde la competencia no sea posible).
Las características particulares de las actividades eléctricas (necesidad de cuantiosas inversiones, irreversibles y con larga vida útil) hacen necesario que el regulador adopte y respete una serie de principios de buena regulación, para que las empresas puedan obtener financiación y proporcionar el suministro a mínimo coste. Una posible relación de “principios de buena regulación” es:
La aplicación de estos “principios de buena regulación” minimizará el riesgo regulatorio y el coste de suministro, en beneficio de los consumidores.