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Conclusiones:
  • La fijación de un precio de carbono adecuado debería ser una prioridad para la UE, de forma, que se consolide como una herramienta eficaz para avanzar hacia una economía baja en emisiones de carbono.
  • Para mejorar el funcionamiento de este mecanismo, la ministra francesa Ségolène Royal, propone establecer un rango de precios máximo y mínimo al carbono en el mercado europeo EU-ETS que incremente el precio y reduzca la volatilidad del mercado.
  • Además, se debería valorar la introducción de un gravamen fiscalmente neutro sobre el CO2, que incentive la eficiencia energética y las tecnologías bajas en carbono en los sectores del transporte y la edificación.
  • Asimismo, sería necesario impulsar la fijación de precios al CO2 en los países de fuera de la Unión Europea
  • Por último, será necesario llevar a cabo medidas para evitar la deslocalización de la industria bajo riesgo de fuga de carbono.

La Ministra de Ecología y Energía de Francia, Ségolène Royal, ha remitido una carta al resto de Ministros de Medioambiente de la Unión Europea en la que les insta a considerar el precio del CO2 dentro de sus prioridades de cara a la transición energética hacia una economía baja en emisiones, sobre todo tras el Acuerdo de Paris. Dicha transición no sólo es una necesidad medioambiental, sino que genera un impacto positivo sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora de la competitividad. Sin embargo se enfrenta a dos grandes problemas: la caída de los precios de las energías fósiles y los bajos precios al CO2.

La sobreoferta de derechos de emisiones existente en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (EU-ETS, por sus siglas en inglés) ha reducido el precio del carbono y está limitando los incentivos a las inversiones en eficiencia energética y en tecnologías bajas en emisiones de carbono. Por ello, tras el Acuerdo de París, tanto la Unión Europea como el Banco Mundial o el FMI, han coincidido en la necesidad de tomar medidas para fijar un precio al carbono que sirva como herramienta para financiar y promover la descarbonización de la economía.

Figura 1. Evolución histórica de los precios de los derechos de emisión de CO2 (fuente: SENDECO2)
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En este contexto, la ministra expone cuáles son las cuatro prioridades que se deberían seguir en cuanto a la fijación del precio al CO2 desde la Unión Europea:

  1. Establecer un rango de precios máximo y mínimo al carbono en el mercado europeo EU-ETS que incremente el precio y reduzca la volatilidad del mercado. 

Esta propuesta no tiene como objetivo sustituir el mercado por un impuesto, sino reducir su volatilidad del mercado haciendo su comportamiento más previsible y elevar los precios al CO2. Esta medida, que podría apoyarse  en el mecanismo de Reserva de Estabilidad de Mercado, contribuiría a impulsar las inversiones en tecnologías bajas en carbono asegurando a su vez los ingresos por la venta de los derechos a los Estados Miembro.

De cara a favorecer la producción de electricidad libre de emisiones, el precio objetivo debe situarse en torno a los 30 €/t, y en caso de que no se consiguiera incrementar el precio de los derechos hasta ese nivel antes de 2020, la ministra francesa propone introducir una tasa complementaria transitoria sobre las energías fósiles consumidas en la producción eléctrica, en línea con el modelo “carbon price support” implementado en el Reino Unido. La introducción de estas medidas conllevaría, entre otras ventajas esenciales para alcanzar los objetivos 2030, una reducción de 100Mt anuales de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea reduciendo también el coste neto de las ayudas a las energías renovables.

  1. Introducir un componente de CO2 en la fiscalidad energética de la UE, similar a la tasa de CO2 que ha establecido Francia. 

Esta medida, inspirada en la tasa francesa “Contribution Climat Énergie” (que tiene un valor de 22 €/t en 2016, 56 €/t en 2020 y 100 €/t en 2030) tiene como objetivo impulsar la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables en los sectores del transporte y la edificación. Este mecanismo se implementaría basándose en el principio de neutralidad fiscal para no subir la presión fiscal, tratándose solo de una transferencia de impuestos hacia las energías fósiles.

Según S. Royal, el momento para la introducción de este mecanismo es favorable ya que, dados los bajos precios de los hidrocarburos, los consumidores no verían reducido su poder adquisitivo.

  1. Asimismo, sería necesario impulsar la fijación de precios al CO2 fuera de la Unión Europea.

Esta medida no tiene como objetivo imponer un precio único a nivel mundial ni un mercado mundial de CO2, sino de unir a todos los países y empresas que se comprometan a unos principios comunes para  garantizar que los precios evolucionen dentro de un rango común (entre 10-20 $/t antes de 2020 y entre 30-80 $/t para 2030), eliminar las subvenciones a las energías fósiles o favorecer la convergencia de los precios en los distintos mercados. Esta iniciativa podría enmarcarse dentro de la coalición “Carbon Pricing Leadership” promovida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

  1. Por último, será necesario llevar a cabo las medidas necesarias para evitar la deslocalización de la industria bajo riesgo de fuga de carbono[1]. 

En un mercado global, es indispensable tomar medidas para preservar la competitividad de la industria electro-intensiva, sometida a la competencia internacional, y evitar la fuga de empresas por el precio del carbono. Para eso, se propone:
  • Asignar/concentrar los derechos gratuitos a los sectores más expuestos sin aumentar el volumen total de derechos gratuitos
  • Desarrollar “mecanismos de inclusión del carbono
  • Adoptar una trayectoria progresiva de aumento del precio mínimo del carbono
  • Reforzar los fondos de innovación destinados a financiar el desarrollo de las tecnologías bajas en carbono
  • Preservar el mecanismo de compensación de los costes indirectos.

En definitiva, para que los mecanismos de lucha contra la fuga de carbono sean eficaces, se deberían condicionar ciertas subvenciones a exigencias de eficiencia energética, eliminar progresivamente los derechos gratuitos de los sectores menos.

[1] Deslocalización de la industria hacia países en los que los regímenes de emisión son débiles o inexistentes.

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