1. Una señal de precio eficiente
Alcanzar los objetivos de descarbonización pasa por una efectiva electrificación de la economía, para lo que es necesario enviar una señal de precios eficiente al consumidor.
La transición hacia la descarbonización de la economía es hoy una realidad, que requiere del compromiso de todos los sectores y países para poder cumplir con los objetivos en materia energética y medioambiental establecidos por la UE. Para que se siga avanzando en la necesaria electrificación hace falta una efectiva adecuación de la señal de precios, una de las herramientas más potentes de política energética. Sólo así podrán los consumidores discriminar entre energías y apostar por aquellas que sean más competitivas económicamente y más respetuosas con el medio ambiente.
España es actualmente uno de los países de su entorno con un mayor precio de la electricidad, siendo éste en 2018 de 24,3 c€/kWh, un 17% superior a la media de la UE. Esto se debe a que el consumidor doméstico paga un importante sobrecoste en su factura, como consecuencia de cargos incorporados a la parte regulada de la misma y que no responden a costes de producción ni de suministro de electricidad. Es necesario asignar de forma correcta no sólo los impuestos, que actualmente tienen una finalidad meramente recaudatoria, sino también los cargos que pagan los consumidores en su factura. Para electrificar la economía hay que enviar señales para el uso de las opciones menos contaminantes, de forma que contribuir a la descarbonización no implique aumentar el gasto energético de las familias.
2. Competitividad de la electricidad frente a otras energías
Un consumidor doméstico destina aproximadamente el 55% de su factura de electricidad a pagar cargos e impuestos, lo que lastra la competitividad de la electricidad frente a otras energías más contaminantes.
La factura de electricidad para cualquier consumidor consta de una parte vinculada al coste de suministrarle la energía y otra parte asociada a la recuperación de costes regulados y otros conceptos asignados al sistema eléctrico. La CNMC publicó el pasado mes de julio una circular donde se definían los costes regulados del sistema separándolos en dos partes: los peajes y los cargos.
Los peajes están destinados a cubrir los costes de las redes de transporte y distribución de electricidad, y su metodología de reparto es competencia de la CNMC. Sin embargo, los cargos cubren costes ajenos al suministro eléctrico, pueden estar vinculados a decisiones de política energética y su metodología es competencia del Gobierno.
Un consumidor doméstico destina aproximadamente el 55% de lo que paga en su factura a sufragar cargos e impuestos. Es por ello que las decisiones en política energética tienen una gran relevancia y deben suponer una oportunidad para reducir el importe de la factura aplicando una metodología que guarde relación con el coste ambiental de cada energía. En esta línea, la fiscalidad en España no está diseñada para fomentar la descarbonización, ya que, por ejemplo, grava más a la electricidad, que es una energía que se produce con un gran componente de renovables que a otras opciones más contaminantes. A modo de ejemplo, un usuario doméstico con un consumo anual de 3.000 kWh/año destinado a calefacción y ACS paga un 40% más si ese consumo lo hace con electricidad en vez de con gas natural, siendo la electricidad un 20% menos contaminante.
Para articular la transición energética es necesario implantar políticas medioambientales en el coste de las energías. La limpieza de la tarifa eléctrica, mediante una posible externalización de los cargos, o la reducción de los impuestos a lo largo de toda la cadena de valor del suministro eléctrico, suponen una oportunidad para reducir los costes energéticos de las familias y mejorar la competitividad de la electricidad. Así se favorecería el mayor uso de electricidad que es la alternativa actualmente disponible para cumplir con los objetivos de energía y clima frente a otros combustibles fósiles más contaminantes.
3. Un menor término variable favorece la electrificación
En el nuevo diseño tarifario, tanto peajes como cargos, van a tener término fijo y término variable. Instituciones internacionales recomiendan que no se incremente el peso del término variable de la parte regulada de la factura con el objetivo de favorecer la electrificación.
El precio del término variable de energía (precio por kWh consumido) es el que está más estrechamente relacionado con la decisión de consumir electricidad frente a otras energías. Por ello un aumento del término variable penalizaría directamente el consumo de electricidad, provocando una ralentización de la electrificación de la economía y comprometiendo la descarbonización. A pesar de lo que se puede pensar, incrementar el término variable no beneficiaría a los más vulnerables, ya que no existe una correlación directa entre renta y consumo de electricidad. En realidad, podría incluso penalizarles, ya que en muchas ocasiones las familias más vulnerables consumen un mayor volumen de electricidad por tener un equipamiento eléctrico antiguo y poco eficiente, además de vivir en hogares con baja certificación energética.
A este respecto, instituciones internacionales como Eurelectric o CEER, han mostrado recientemente su recomendación de que el término fijo de potencia sea la variable encargada de la recuperación de los costes fijos de las redes de transporte y distribución y que los peajes tienen que replicar la estructura real de costes de cada sistema.
En este sentido, España ha multiplicado por dos el valor del término fijo de potencia en los últimos años mientras que el término de energía se ha reducido en más de un 30%. Pero España no es el único país de la UE que está tendiendo al incremento del término fijo de potencia, otros países de nuestro entorno como Holanda, Italia o Francia, están llevando a cabo reformas de sus tarifas eléctricas orientadas al incremento progresivo del término fijo de potencia, con el objetivo de ofrecer a los consumidores señales eficientes de precio y del coste de las redes.
4. La nueva metodología de cálculo de peajes y cargos: Una oportunidad
La definición de una adecuada metodología de cálculo de los peajes y cargos del sistema eléctrico es una oportunidad para favorecer la electrificación de la economía y proporcionar a los consumidores señales de precio eficientes. Para establecer una correcta definición de la parte regulada de la factura eléctrica se tienen que poner en práctica los siguientes principios básicos:
- El diseño de la metodología de cálculo y reparto de peajes es una competencia asignada a la CNMC, como regulador nacional, y debe responder a criterios técnicos de asignación de costes. Organismos internacionales justifican que el término fijo de potencia contratada es la variable más adecuada para poder recuperar los costes de las redes de transporte y distribución debido a su carácter eminentemente fijo.
- El diseño de cargos e impuestos es un instrumento de política energética articulado por el Gobierno, y que debe tener en cuenta el objetivo de favorecer la electrificación. Por ello, parece lógico que no se proceda a incrementar el peso del término variable de energía para no penalizar el consumo de electricidad. El diseño de cargos y la política fiscal deben ser coherentes con los objetivos de descarbonización establecidos por la comunidad internacional.
- Dentro del proceso de transición energética tienen cabida exenciones transitorias o permanentes de la imputación de cargos para ciertos colectivos de interés, como punto de partida de una futura externalización de todos los cargos. Es el caso de los puntos de recarga rápida de uso público, para los que se propone establecer una exención de cargos transitoria hasta que se alcance una penetración relevante de vehículos eléctricos que permita recuperar sus costes fijos. También se propone una exención permanente de los cargos para consumidores electrointensivos, mejorando la competitividad de sus industrias, tal y como ya se está haciendo en otros países de la UE como Alemania o Reino Unido.
Se puede concluir, por tanto, que la definición de las nuevas tarifas eléctricas tendrá una gran relevancia en los hábitos de consumo energético de los consumidores y, por tanto, se tiene la oportunidad de ofrecer señales adecuadas de precio o, por el contrario, de suponer un obstáculo para la electrificación de la economía si su diseño no es el adecuado.
