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Conclusiones:
  • El actual bono social no garantiza que los clientes beneficiarios sean realmente clientes vulnerables y, por ello, resulta necesario un rediseño y modificación de los criterios de acceso. Por este motivo, las empresas eléctricas han emprendido otras iniciativas como la firma de Convenios con las Administraciones para dar cobertura a hogares en riesgo.
  • El nuevo mecanismo debe redefinir el concepto de cliente vulnerable, incluyendo criterios de renta y siendo los servicios sociales, expertos en materia social, los encargados de conceder esta tarifa social.
  • Es necesaria una mayor coordinación entre los diferentes agentes del sector y el desarrollo de medidas complementarias al bono social, como el fomento de la eficiencia energética.
  • Además de los mecanismos de ayuda en el corto plazo, la eliminación en la factura eléctrica de todos aquellos costes no relacionados con el suministro (vía PGE o reforma fiscal) ayudaría a abaratar la luz, haciéndola más accesible a colectivos vulnerables.

El pasado 5 de julio PwC, en colaboración con Energía y Sociedad, celebró en Madrid, el desayuno de trabajo “La política social a través de la factura eléctrica”, con el objetivo de exponer la visión sobre el actual mecanismo del bono social.  Este mecanismo, vigente desde el año 2009, tiene como objetivo proteger y apoyar a los clientes vulnerables, ofreciendo un descuento del 25% en la factura eléctrica a un total de 2,4 millones de consumidores que cumplen con alguno de estos requisitos:

  • Tener una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual.
  • Tener una potencia contratada inferior a 10 kW y, además, cumplir alguna de las 3 siguientes condiciones:
    1. Tener 60 o más años de edad y percibir la pensión mínima vigente en cada momento.
    2. Ser familia numerosa.
    3. Formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo.
Figura 1. Desglose del número de beneficiarios del bono social por tipología, febrero 2016 (fuente: CNMC)

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Prácticamente desde su creación, el diseño de mecanismo ha generado un intenso debate entre los diferentes agentes del sector, que critican su diseño y ponen de relieve que la ayuda no llega a los clientes que realmente lo necesitan. En este contexto, el desayuno proporcionó una reflexión rigurosa, detallada y desde diferentes perspectivas sobre las diferentes alternativas de rediseño de este mecanismo, el posible uso de otras fórmulas de soporte y los criterios a considerar para apoyar a los consumidores más vulnerables.

Helena Lapeyra (socia de energía, PwC España) inauguró el desayuno poniendo sobre la mesa algunas de las principales cuestiones a tratar:

  • ¿Qué criterios son los que deberían de estar ligados a la obtención de este bono social?
  • ¿Es necesario rediseñar el mecanismo actual?
  • ¿Qué otros mecanismos de política social se están llevando a cabo por parte del sector eléctrico?
  • ¿Debería estar el bono social sufragado por la tarifa eléctrica? ¿y por la empresas?
  1. El actual bono social no garantiza que los clientes beneficiarios sean realmente clientes vulnerables y, por ello, resulta necesario un rediseño y modificación de los criterios de acceso. Por este motivo, las empresas eléctricas han emprendido otras iniciativas como la firma de Convenios con las Administraciones para dar cobertura a hogares en riesgo.

En la primera ponencia del desayuno, Miriam García Madruga (Responsable de Suministro de la Dirección de Regulación de Endesa) definió el concepto de pobreza energética como una manifestación de pobreza en general, causado por una disminución de ingresos en los hogares. Este fenómeno se agrava por el mal aislamiento de las viviendas así como por el importante aumento de los costes ajenos al suministro eléctrico, que han encarecido la factura de la luz.

Para diseñar adecuadamente los mecanismos de lucha contra la pobreza energética, la ponente defendió los principios expuestos en la comunicación de la Comisión Europea: “A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy”. En esta comunicación se establece que la pobreza energética debe combatirse con una combinación de medidas, fundamentalmente sociales, a cargo del Estado del Bienestar.

En la actualidad, el bono social no está dando cobertura a la las familias que verdaderamente lo necesitan., Basándose en la experiencia de Endesa, Miriam destacó que casi el 80% de las peticiones de ayuda a los servicios sociales no son beneficiarios del bono social.

Por ello, Endesa propone una combinación de medidas sociales, que den una cobertura adecuada al colectivo vulnerable evitando los cortes de suministro y mejorando la eficiencia energética. Así, propone la constitución de 3 fondos:

  • Fondo de bono social: proporcionaría a los consumidores con derecho al bono social un descuento de 25% sobre la factura PVPC o, preferiblemente, un descuento del 60% sobre el término de potencia de peaje de acceso. La renta sería uno de los requisitos para poder beneficiarse de esta ayuda.
  • Fondo para la cobertura de clientes en situación de pobreza energética: ofrecería una financiación del 100% a aquellos clientes que no puedan pagar sus facturas, siempre y cuando los servicios sociales certifiquen esta situación. De esta manera, el comercializador restablecería de inmediato el suministro o en el caso de no estar suspendido paralizaría el proceso de corte.
  • Fondo de eficiencia energética para clientes en situación de pobreza energética: impulsaría el desarrollo de medidas de mejora de aislamiento térmico y de la instalación eléctrica, el uso de equipos eficientes de calefacción e iluminación en las viviendas, etc.

Los dos primeros fondos se financiarían con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ascendiendo su importe a la misma cantidad que se destina actualmente al bono social (aprox. 180 millones de €). El último fondo, en cambio, obtendría su financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Los servicios sociales desarrollarían un rol fundamental en el proceso de asignación de ayudas, al conocer de primera mano la situación económica real de los hogares de su respectivo municipio.

Con este tipo de medidas, además de llegar a los hogares realmente vulnerables, se lograría que las necesidades de estos hogares se cubran de forma homogénea en todo el territorio nacional y se evitarían las duplicidades en las ayudas desde distintas administraciones.

  1. El nuevo mecanismo debe redefinir el concepto de cliente vulnerable, incluyendo criterios de renta y siendo los servicios sociales, expertos en materia social, los encargados de conceder esta tarifa social

A continuación intervino Enrique García (Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU), que comenzó su exposición destacando la necesidad del bono social como mecanismo de ayuda..

“El hecho de que, existiendo más de 1,6 millones de hogares con todos los miembros en paro, únicamente 70.000 se beneficien del bono social evidencia el fracaso de este mecanismos de ayuda”

Enrique García (OCU)

Por ello, Enrique defendió una reforma del bono social basada en la renta y el patrimonio de los consumidores utilizando, para ello, indicadores como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en lugar de la potencia contratada. Esta nueva tarifa social debería ser ágil y tener en cuenta las situaciones de precariedad laboral, adaptándose a las circunstancias del mercado español en el que abundan los contratos temporales. Además, debería establecer mecanismos de emergencia que eviten el corte del suministro eléctrico, especialmente en los meses de invierno. Por otro lado, demandó un papel más relevante de los servicios sociales a la hora de asignar el bono social, al ser los expertos en esta materia.El ponente analizó el actual mecanismo del bono social y su efectividad actual en las comunidades vulnerables. Desde el punto de vista de la OCU no existe una verdadera tarifa social, al no llegar las ayudas a los colectivos que realmente lo necesitan. Así, denunció que, según el INE, hay 1.610.000 hogares con todos sus miembros en paro, mientras que sólo 70.000 están acogidos al bono social. Además, para algunos hogares, un descuento del 25% sobre la factura eléctrica no supone una ayuda significativa y no cambia su imposibilidad para hacer frente a sus costes eléctricos.

El bono social tendría que combinarse con otras iniciativas como medidas de prevención de la pobreza energética e incrementando los acuerdos con ayuntamientos y comunidades autónomas que vayan más allá de garantizar el pago a la suministradora.

Por último, la OCU argumentó que, tal como establece la Ley 24/2013, la financiación del nuevo bono social es responsabilidad de las compañías eléctricas verticalmente integradas.

  1. Es necesaria una mayor coordinación entre los diferentes agentes del sector y el desarrollo de medidas complementarias al bono social, como el fomento de la eficiencia energética.

La última ponencia fue llevada a cabo por Fernando Cuevas (Responsable de Programas contra la Pobreza y Exclusión Social de la Cruz Roja Española). En ella, expuso la labor de Cruz Roja con los más vulnerables y propuso una serie de soluciones ante este problema.

Entre los diferentes colectivos que Cruz Roja atiende en España, se encuentran las personas en situación de extrema pobreza y riesgo de exclusión social. De hecho, la pobreza energética no es más que una faceta dentro de una condición de pobreza en general. En su programa de ayudas para este colectivo, la organización ha atendido a 16.887 personas en situación de pobreza energética en 2015, ya sea pagando directamente sus facturas o ayudándoles a optimizar su consumo a través de formación de eficiencia energética.

Atendiendo a la evolución temporal de estas magnitudes, Fernando expuso que este es un problema que se viene agravando en los últimos años. Así, el número de personas en pobreza energética atendidas ha aumentado un 25% desde 2013 y la cantidad pagada en concepto de facturas se ha triplicado de 1,4 millones de € en 2013 a 4,4 millones de € en 2015.

Figura 2. Evolución del número de usuarios e importe pagado por la Cruz Roja para los usuarios en pobreza energética (fuente: Cruz Roja)

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En el mismo sentido, destacó la formación de los consumidores mediante talleres de eficiencia energética y el uso de dispositivos de ahorro eléctrico como elementos para paliar, en parte, la situación de pobreza energética en ciertos hogares.Como mecanismos de solución de esta situación de emergencia social, Fernando reclamó una mayor coordinación entre los políticos y agentes del sector a la hora combatir la pobreza energética.

  1. Además de los mecanismos de ayuda en el corto plazo, la eliminación en la factura eléctrica de todos aquellos costes no relacionados con el suministro (vía PGE o reforma fiscal) ayudaría a abaratar la luz, haciéndola más accesible a colectivos vulnerables.

Al finalizar los diferentes ponentes,  comenzó un debate abierto  en el que, además de profundizar en el bono social, se pusieron de manifiesto otros aspectos como los componentes que forman la tarifa eléctrica, las reformas acometidas en los últimos años en la regulación energética y la eficiencia energética.

Uno de los factores que agravan la situación de pobreza energética en los hogares corresponde al elevado precio de  la tarifa eléctrica, debido, en gran parte, a que en la factura eléctrica existen muchos costes que no están relacionados con el suministro . En este sentido, se recomendó que se dejara de utilizar la factura eléctrica como un mecanismo “para-fiscal”

Por otro lado, se destacó la necesidad de involucrar a todos los agentes del sector, incluyendo políticos, en el debate para abordar una reforma de la regulación energética. Esta modificación debería contemplar otros suministros habituales de los hogares como el gas o el agua. Además, se puso sobre la mesa otros beneficios que se obtendrían con un adecuado mecanismo del bono social , como la reducción del fraude eléctrico.

Finalmente, la eficiencia energética también fue abordada en el debate, exponiendo que “la energía más barata es la que no se consume”. Así, se destacó la relevancia de invertir en mejorar la eficiencia energética de los hogares en pobreza energética, que, además, suelen tener unas instalaciones eléctricas y de aislamiento térmico deficientes.

Por último, Helena Lapeyra concluyó el desayuno repasando las principales ideas debatidas. Para solucionar la falta de una regulación adecuada, es importante definir en el corto plazo un nuevo mecanismo de bono social en el que; i) los consumidores vulnerables estén bien definidos, ii) se modifiquen los requisitos de acceso al bono social para que estén ligados al nivel de renta de los consumidores, iii) se establezcan tarifas sociales ágiles en consonancia con el elevado número de trabajos temporales, y iv) se otorgue un papel protagonista a los servicios sociales a la hora de adjudicar el bono social a los hogares. A largo plazo, es importante limpiar la factura eléctrica de aquellos conceptos que no están ligados al suministro eléctrico. Esto permitiría tener una regulación eléctrica social homogénea en todo el territorio nacional.

 
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