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Conclusiones:
  • La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado una serie de propuestas que las empresas y organizaciones empresariales consideran “imprescindibles” para mejorar la competitividad de la economía española a través de un nuevo Plan Energético Nacional que estuviera consensuado entre los principales partidos políticos y los expertos en la materia.
  • La CEOE considera necesario eliminar el coste de las políticas ajenas al suministro eléctrico de la factura de la luz para trasladarlo a los Presupuestos Generales del Estado o a otras vías de financiación.
  • Es necesario extender la vida útil de las centrales nucleares, siempre que cuenten con un informe positivo del CSN, ya que su cierre supondría tener que invertir en nueva generación térmica de respaldo, aspecto contrario a las políticas a nivel europeo de descarbonización. Además, supondría un incremento de entre el 10 – 15% de la factura para los consumidores.
  • En el ámbito de la fiscalidad, la CEOE propone suprimir aquellos impuestos que creaen una doble imposición entre la política fiscal nacional y la autonómica.
  • Adicionalmente, el informe recomienda una batería de propuestas de reforma para el sector energético como, por ejemplo, la mejora de las interconexiones internacionales eléctricas y gasistas, el uso de mecanismos que contribuyan a la seguridad de suministro (pagos por capacidad), la estabilidad jurídica para la generación distribuida y el autoconsumo o la consecución del mercado único de la energía, entre otros.

  1. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado una serie de propuestas que las empresas y organizaciones empresariales consideran “imprescindibles” para mejorar la competitividad de la economía española a través de un nuevo Plan Energético Nacional que estuviera consensuado entre los principales partidos políticos y los expertos en la materia.

En los últimos años, el sector energético ha tenido que enfrentarse a desafíos relevantes como los desequilibrios económicos y la caída de la demanda. Además, los costes energéticos se han incrementado de manera muy significativa en España, como consecuencia del aumento de los costes de las políticas sociales y/o medioambientales, lo que ha deteriorado la competitividad de la industria española frente al resto de países europeos. Por otro lado, la creciente concienciación sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático y abordar una transición hacia una economía baja en carbono presenta numerosas oportunidades para el sector energético.

Con el objetivo de aprovechar este potencial y superar los retos que se plantean, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicado el informe Energía y Competitividad: Propuestas del Sector Empresarial. En él, se apuesta por la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado entre los principales partidos para consensuar la política energética a medio y largo plazo en un Plan Energético Nacional. El Plan debería incluir las medidas requeridas para cumplir con los objetivos europeos 2020-2030, así como el desarrollo de las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de suministro, los escenarios de proyección de la demanda, los balances de cobertura y el impacto de estas medidas en las tarifas, entre otros.

Es esencial que el Plan Energético Nacional se articule en base a unos principios fundamentales que proporcionen estabilidad y certidumbre al sector energético. Se debe tener una visión de largo plazo, de al menos 25 años y debe aportar la necesaria seguridad jurídica para dotar de confianza a los inversores. El desarrollo de la regulación debe ser coherente y consistente y se debe fomentar la accesibilidad, la transparencia y la participación de los distintos agentes del sector. Además, debe garantizarse una proporcionalidad y justificación suficiente de estos desarrollos y su homogeneidad en todo el territorio nacional.

  1. La CEOE considera necesario eliminar el coste de las políticas ajenas al suministro eléctrico de la factura de la luz para trasladarlo a los Presupuestos Generales del Estado o a otras vías de financiación.

El significativo incremento de los costes ajenos al suministro eléctrico en la tarifa eléctrica ha encarecido el precio de la luz y ha deteriorado la competitividad de la industria española en comparación con otros países del entorno.

Por ello, es necesaria una reforma normativa que traslade el coste de las políticas ajenas al suministro a los Presupuestos Generales del Estado (PGE, por sus siglas) o a otras vías de financiación, eliminando las distorsiones que afectan a la competitividad económica. Así, la CEOE recomienda que el 100% de los extracostes derivados de la actividad de generación en las islas, así como aquellos vinculados con las energías renovables y el déficit tarifario sean financiados por los PGE o a través de otras vías de financiación. Además, sugiere el establecimiento de un mecanismo de exención y/o compensación al consumidor industrial ante los costes incluidos en la tarifa y relacionados con las primas al régimen especial.

Por otro lado, también se debería avanzar en la liberalización del mercado eléctrico, eliminando los precios regulados (el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor). Así, los clientes vulnerables serían el único colectivo con derecho a condiciones especiales de protección.

Figura 1. Comparación del precio medio de la electricidad para los usuarios domésticos en España y en la UE, cent/kWh (fuente: Drivers of Electricity Bills: Supporting graphs, methodology and country notes. Eurelectric)
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  1. Es necesario extender la vida útil de las centrales nucleares, siempre que cuenten con un informe positivo del CSN, ya que su cierre supondría tener que invertir en nueva generación térmica de respaldo, aspecto contrario a las políticas a nivel europeo de descarbonización. Además, supondría un incremento de entre el 10 – 15% de la factura para los consumidores. 

Contar con un mix de generación diversificado es imprescindible para poder cumplir con los compromisos medioambientales adquiridos al menor coste posible y garantizando la seguridad de suministro. Las energías renovables desarrollarán un rol fundamental en la transición hacia un modelo económico descarbonizado. El apoyo a su desarrollo debe basarse en el uso de mecanismos de mercado que respeten el principio de neutralidad tecnológica y contribuyan a la eficiencia en costes. Estas ayudas deben ser financiadas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

El cierre de las centrales nucleares actuales supondría un incremento de la factura de la luz de entre el 10-15%.

Por otro lado, se recomienda mantener el uso de la energía nuclear como tecnología firme por su contribución a la lucha contra el cambio climático y a la competitividad de la industria. Para ello, la CEOE aboga por permitir la extensión de las centrales nucleares, siempre y cuando reciban el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear. El cierre de las centrales nucleares actuales supondría un incremento de la factura eléctrica y requeriría inversiones adicionales en nueva generación térmica, lo que está en contra de la tendencia actual de descarbonizar el sistema eléctrico.

  1. En el ámbito de la fiscalidad, la CEOE propone suprimir aquellos impuestos que creen una doble imposición entre la política fiscal nacional y la autonómica.

Actualmente, las administraciones autonómicas y locales tienen la facultad de determinar una serie de impuestos medioambientales que gravan a los sectores eléctrico e industrial. Esta actividad tributaria provoca que, en ocasiones, se produzcan situaciones de doble imposición sobre ciertos sectores, especialmente en el eléctrico, que se rige por una normativa y un esquema retributivo de carácter nacional. A pesar de que, en varias ocasiones, los Tribunales de Justicia han declarado incompatibles las medidas fiscales autonómicas con la normativa básica, éstas proliferan rápidamente entre las diferentes comunidades al ser fácilmente transferibles de un territorio a otro.

Como consecuencia de esta doble imposición, el coste de la electricidad se incrementa artificialmente, lo que envía señales de precio equívocas a los consumidores y perjudica la competitividad del sector industrial español.

Para evitar estas situaciones, la CEOE recomienda suprimir todos aquellos impuestos que creen una situación de doble imposición entre la política fiscal nacional y la autonómica. Además, propone poner en marcha el suplemento territorial, de forma que sean las propias comunidades autónomas las que expliquen a sus ciudadanos la existencia de esos impuestos en los recibos que pagan.

  1. Adicionalmente, el informe recomienda una batería de propuestas de reforma para el sector energético como, por ejemplo, la mejora de las interconexiones internacionales eléctricas y gasistas, el uso de mecanismos que contribuyan a la seguridad de suministro (pagos por capacidad), la estabilidad jurídica para la generación distribuida y el autoconsumo o la consecución del mercado único de la energía, entre otros.

Además de las ya expuestas, la CEOE realiza una serie de recomendaciones de los distintos aspectos del sistema energético: sector eléctrico, hidrocarburos, gas, eficiencia energética y fiscalidad energética. Ente las distintas medidas propuestas destaca la necesidad de conseguir que la generación distribuida y el autoconsumo se desarrollen bajo un marco jurídico y regulatorio estable que garantice la sostenibilidad económica del sistema eléctrico.

Por otra parte, el aumento de las interconexiones internacionales eléctricas y gasistas y la consecución del mercado único de la energía son claves para garantizar la seguridad de suministro y que los usuarios dispongan de la energía a unos precios más competitivos. Por ello, recomienda, entre otros, establecer un mecanismo intergubernamental de alto nivel para acelerar los proyectos de interconexión identificados.

Por último, la CEOE tiene en cuenta el reto de integración de la creciente capacidad de las energías renovables en el sistema de forma que no se comprometa la seguridad de suministro. Por ello, recomienda analizar en profundidad el papel que puedan tener los pagos por capacidad y la gestión de la demanda como mecanismos que contribuyan a superar los retos de seguridad del suministro en el medio y largo plazo.

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