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Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2015, el 9,4% de los hogares españoles manifiestan tener alguna dificultad en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal, como el recibo de la electricidad y otros suministros.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2015, en la que se muestran indicadores sobre los niveles de vida y el bienestar de la población. Se detallan, entre otros indicadores, los ingresos medios de la población española, el porcentaje de las personas en riesgo de pobreza y la situación económica de los hogares españoles.
El estudio refleja las dificultades económicas por las que están atravesando los hogares españoles. Por ejemplo, un 40,6% de los hogares no puede permitirse irse fuera de casa de vacaciones al menos una semana al año y el 13,7% manifestaron llegar a fin de mes con “mucha dificultad”. Además, el 9,4% de los hogares manifestaban que tenían retrasos en los pagos de los gastos relacionados a la vivienda principal como la hipoteca, el alquiler, los recibos de gas, recibos de electricidad etc.
Figura 1. Evolución de las dificultades económicas en los hogares, % de hogares (fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, Instituto Nacional de Estadística (INE))
Adicionalmente, según el indicador AROPE (at risk of poverty or social exclusion), el cual mide la población en riesgo de pobreza o exclusión social, un 6,4% de la población se encuentra en una situación de carencia material severa, encontrándose un 78,2% en la situación de no poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
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El gobierno español estableció un bono social para la factura eléctrica para aquellos consumidores vulnerables con el objetivo de ayudar a los hogares en riesgo de pobreza. Sin embargo, existen dudas sobre la efectividad de este mecanismo.
Con el objetivo de ayudar a los hogares con dificultades económicas, el gobierno español estableció en 2009 un mecanismo para reducir su factura eléctrica. De esta manera, los consumidores más vulnerables reciben una ayuda para poder hacer frente a la factura de la luz.: se les aplica un descuento del 25% sobre el total de su factura.
Para poder beneficiarse de este descuento, se debe cumplir uno de los siguientes requisitos:
- Tener una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual.
- Tener una potencia contratada inferior a 10 kW en su vivienda habitual y, además, cumplir alguna de las 3 condiciones siguientes:
- Tener 60 o más años de edad y percibir la pensión mínima vigente en cada momento.
- Ser familia numerosa.
- Formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo.
En 2015, el bono social se aplicó a 2,44 millones de contratos agrupando una ayuda equivalente a 180 millones de euros. La mayoría de los beneficiarios (1,86 millones) pertenecen a contratos con una potencia contratada inferior a 3 kW. Estos fueron traspasados de forma automática en 2009, sin necesidad de acreditar la condición de vivienda habitual, por lo que esta ayuda podría estar beneficiando a otro tipo de suministros (viviendas vacacionales, locales, trasteros, etc.).
Por otro lado, unos 200.000 contratos adheridos a bono social representan a familias numerosas, 312.000contratos pertenecen para beneficiarios con pensiones mínimas y finalmente, tan solo 70 mil contratos adheridos al bono social son para hogares con todos sus miembros desempleados.
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Es necesario reformar el bono social tanto en los requisitos como en sus formas de financiación para que cumpla eficazmente con su objetivo de proteger a los clientes más vulnerables.
Si bien el bono social es una buena iniciativa para ayudar a los consumidores vulnerables, el diseño actual del mecanismo no consigue que esta ayuda llegue a los clientes que realmente lo necesitan. Por ello, los diversos agentes del sector están reclamando una revisión de este mecanismo para que se aplique a los consumidores que estén atravesando dificultades económicas y se encuentren en riesgo de pobreza.
España es el único país de su entorno en el que la renta no es un requisito para beneficiarse de la tarifa social.
Si se compara el bono social con mecanismos similares aplicados en otros países de la Unión Europea, se encuentran diferencias relevantes. Por un lado, España es el único país entre los principales dentro de la UE que no considera un criterio de renta a la hora de aplicar una tarifa social. Además, en países como Francia o Alemania se consideran, adicionalmente, criterios de salud o de exclusión social respectivamente. Por ello, es fundamental una reforma del bono social para que se incluya la renta como requisito. En este sentido, se debe potenciar el papel de los servicios sociales en la identificación de los hogares en riesgo a la hora de conceder estas ayudas, ya que son expertos en la materia.
Por otro lado, mientras que en España son las compañías eléctricas verticalmente integradas las que financian este bono social, en otros países europeos se hace con cargo a los presupuestos públicos o al resto de los clientes. Así, por ejemplo, en países como Reino Unido y Alemania es el gobierno quien financia directamente estas ayudas. En Francia o en Italia, en cambio, el bono social es financiado por parte del resto de los consumidores. Aunque no existe un modelo consensuado de financiación, La Estrategia Marco para la Unión de la Energía recomienda que la protección de los consumidores vulnerables se realice, preferentemente, por medio del sistema general de protección social o que, alternativamente, las ayudas se cubran por el resto de clientes no beneficiarios.
